La Fiscalía recurrirá la decisión del juez de Madrid que investigaba el fallecimiento de María José Carrasco con ayuda de su marido, Ángel Hernández, de inhibirse en favor de un juzgado de Violencia contra la Mujer, y el Gobierno no incluirá el caso en la estadística oficial de víctimas mortales por violencia de género.

La decisión del Ministerio Público la ha anunciado en una rueda de prensa la fiscal de sala de Violencia machista, Pilar Martín Nájera, después de que este miércoles el titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid decidiera inhibirse en la causa del suicidio asistido de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple que la pasada semana se quitó la vida con el auxilio de su marido.

"No compartimos ni la decisión ni los argumentos", ha dejado claro Martín Nájera, que considera que el juez ha hecho una "valoración sesgada" de las sentencias en las que se ha apoyado para tomar su decisión.

A pesar de que aún no ha sido notificado el auto de inhibición y, por tanto, la jueza de Violencia machista no ha tomado todavía una decisión, la Fiscalía ha acordado presentar este recurso directamente en la Audiencia Provincial.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dirigida por Pilar Llop, no contempla incluir en la estadística oficial de víctimas mortales por violencia de género, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Igualdad, al que pertenece este organismo, consultadas por Europa Press. 

El motivo para no incluirlo en este registro oficial es que el marido no está acusado de un delito de violencia de género. Además, el Gobierno ha recalcado que el juzgado al que ha sido derivado el caso puede rechazar la inhibición.

Así pues, no se incorporará a los datos oficiales, ni siquiera como caso en investigación, al menos hasta que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer decida si se queda o no con la instrucción del caso de María José Carrasco.

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid asumió inicialmente la investigación, pero este miércoles se inhibió en favor de un juzgado específico de Violencia sobre la Mujer. Esta derivación del caso, según fuentes jurídicas, responde a la última doctrina marcada por el Tribunal Supremo.

Dicha doctrina marca que estos juzgados asuman la instrucción de diligencias sobre la muerte de una mujer en el que esté implicada la pareja o expareja, sin valorar la intencionalidad.

Hernández reconoció los hechos y, en el marco de la investigación por un delito de auxilio o cooperación al suicidio, fue arrestado. Posteriormente, pasó a disposición de la jueza que estaba de guardia, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, quien acordó su puesta en libertad sin medidas cautelares.